Archive for June, 2017
CONFLICTO DE INTERESES EN MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Escrito por: César Gutiérrez

Se pretende aprobar Decreto Supremo que favorece a ex clientes: Gas Natural Fenosa y Promigas

Uno de los grandes problemas del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski es la permanente suspicacia que genera en la toma de decisiones, dado el relacionamiento que tienen tanto él como sus principales funcionarios con sectores empresariales.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) no es ajeno a ello, pues pretenden desde esta cartera emitir un Decreto Supremo (DS) que favorecerá a dos concesionarios de distribución de gas natural (GN), de las zonas norte y sur del país; que han sido clientes de la empresa Macroconsult, donde el Ministro Gonzalo Tamayo ha sido importante directivo y ejecutivo.

LA PRETENSIÓN CON FAVORITISMO

El pasado 19 de mayo se publicó en el diario El Peruano, la Resolución Ministerial (RM)-185-2017-MEM/DM, que autoriza publicar el proyecto de DS denominado “Normas para masificar el uso del GN por redes ductos”, que trae como tema de fondo limitar las operaciones de venta de GN en las modalidades de gas natural comprimido (GNC) y gas natural licuado (LNG), consistentes en transportar el energético en camiones, para que en el punto de destino pueda ser adecuado en presión o regasificado, respectivamente; y luego poder ser utilizado por consumidores finales: estaciones de servicio e industrias, prioritariamente.

Actualmente, según la normativa vigente (DS-057-2008-EM), la venta de GNC y LNG, pueden realizarse libremente a nivel nacional. En este contexto, tomando suministro de GN en Lima desde las redes que atiende la empresa Cálidda, se atiende a clientes en Lima, Arequipa y Chimbote. Mientras que tomando el GN en los yacimientos existentes en la región Piura, se atiende clientes no solo en esa locación, sino también en Trujillo.

La propuesta normativa pretende que al momento que un concesionario haya desplegado una red de ductos, los proveedores de GNC y LNG, no puedan realizar su actividad, en clientes distintos a estaciones de venta de gas natural vehicular (GNV), salvo que le paguen al titular de la concesión el margen de distribución. Se constituye así una barrera económica de acceso al mercado, con el agravante de obligar al pago por un servicio no prestado, pues los vendedores bajo la modalidad de GNC y LNG, atienden a clientes sin utilizar las redes de distribución del concesionario.

Cuando se otorgaron las concesiones en la zona norte y sur, no existía limitación alguna para que coexistieran en competencia, distribuidores por redes y suministradores de GNC y LNG. Por tanto, las razones aludidas en una extensa exposición de motivos de 18 páginas, que busca justificar la decisión a tomar, está fuera de lugar. Es una decisión ex post, que si se hubiese planteado en el proceso de competencia que se organizó en julio del 2013 hubieran habido más competidores, en lugar de la concurrencia de empresas relacionadas societariamente entre sí que fue lo que ocurrió ante la vista gorda de los funcionarios de Proinversión.
LOS BENEFICIARIOS.

Dos son las empresas que se beneficiarían con la norma propuesta, las que se hicieron de las concesiones obteniendo la buena pro en julio del 2013 y firmaron sus contratos en octubre del mismo año: Gases del Pacífico SA, de propiedad de la colombiana Promigas SA, a cargo de las regiones: Cajamarca, Lambayeque, La Liberad y Ancash; y Gas Natural Fenosa Perú SA, responsable de las regiones: Arequipa, Moquegua y Tacna.

El proceso de competencia estuvo a cargo de Proinversión, y el concedente es el MEM. A pesar que había compromiso de iniciar operaciones en el 2016, esto ocurrirá recién en el último trimestre de este año.

UN SOLO GRUPO EMPRESARIAL ASESORÓ A GANADORES Y CONDUCTOR DEL PROCESO.

Es pública la información de las consultoras que asesoraron tanto a las empresas que se hicieron de la buena pro y al gestor del proceso, la agencia estatal Proinversión.

Tanto Gases del Pacífico SA, cuyo propiedad pertenece al 100% a la colombiana Promigas SA y de Gas Natural Fenosa Perú SA, propiedad en su totalidad de Gas Natural Internacional SDG SA, fueron asesorados por la conocida empresa local Macroconsult SA. Por el lado de Proinversión, el asesor fue la corporación Grupo Global & Partners de la cual forma parte Macroconsult.

En conclusión, un solo grupo empresarial asesoró a los postulantes y al examinador. Insólito, que se sepa no encontramos observación alguna de la Contraloría General de la República, ni del Congreso, ambos no se han dado por notificados de un hecho que por lo menos tiene el carácter de extraño.

CONFLICTO DE INTERESES

Según el Currículum Vitae oficial del Ministro de Energía y Minas en ejercicio, Gonzalo Francisco Alberto Tamayo Flores, entre los años 2003 y 2016, ocupó el cargo de Director en Macroconsult, lo cual significa que tenía puesto directivo en la empresa que asesoraba a los ganadores de las concesiones de distribución de GN por red de ductos, en el año 2013 y que a la fecha gestionan estas operaciones, bajo los nombres de Gases del Pacífico SA y Gas Natural Fenosa Perú SA. Hoy el Ministro firma la RM autorizando la publicación del proyecto de Decreto Supremo, que de aprobarse favorecerá a las empresas mencionadas. Es obvio que lo mínimo que genera la propuesta es suspicacia.

 
270 MILLONES DE DÓLARES ADICIONALES EN REFINERÍA TALARA

Escrito por: Cesar Gutierrez

La semana pasada el gobierno pretendió hacer noticia positiva sobre la colocación de 2,000 millones de dólares (MMUS$) en bonos emitidos por Petroperu en el mercado internacional, no encontrando eco mediático, más bien se acentuó la crítica por el desmesurado monto de inversión que a la fecha asciende a 5,400 MMUS$, cifra que no será la última, nos espera más. Para empezar, el anuncio del presidente de la petrolera estatal que se licitará la construcción de las unidades de servicios auxiliares (5plantas de suministros diversos para la operación), implicará un incremento de por lo menos 270 MMUS$, calculados tomando cifras del informe SPMRT-0377-2016 de la propia empresa, remitido a la Contraloría General de la República.

A sign is seen outside the headquarters of JP Morgan Chase & Co in New York, in this file photo taken September 19, 2013. JPMorgan Chase & Co said on Tuesday it is aiming to save around $1.4 billion in annual expenses by cutting costs and simplifying businesses mainly in its consumer- and investment-banking units. REUTERS/Mike Segar/Files (UNITED STATES – Tags: BUSINESS)

En el documento citado se plantean tres escenarios para el desarrollo de construcción de los servicios auxiliares: lanzar una nueva convocatoria para tercerización de servicios, convocar a un concurso para ejecución bajo la modalidad de concesión y otorgarlo directamente al contratista actual. Las declaraciones del presidente de la empresa, desautorizan las tres propuestas planteadas por sus funcionarios y anuncia que se licitará como un contrato de: ingeniería, procura y construcción.

En las dos alternativas referidas que significaban hacer un nuevo proceso, se afirmó que esta decisión implicaría retrasos en la puesta en operación, anunciando impactos del orden de 450 a 630 MMUS$, si la demora fuese de 15 o 21 meses, según la opción que se tomase. Esto significa que han estimado en 30 MMUS$ el costo por cada mes de retraso. Asimismo en el desglose del tiempo, en el caso que más se asemeja al anuncio público del capitoste, el tiempo que demoraría el proceso desde el inicio hasta la firma del contrato, será de 9 meses. Por tanto el costo por retraso ascendería a 270 MMUS$

La cifra de incremento del proyecto de 270 MMUS$ asume que en el extremo los servicios auxiliares costarán los 815 MMUS$ inicialmente previstos, más un reajuste estimado de 76 MMUS$; lo cual está por comprobarse. A la fecha no se conoce que en Petroperu tengan un estimado de costo de mercado de estas construcciones. Mientras tanto podemos afirmar que el nuevo costo total del proyecto ascenderá a 5,670 MMUS$.

 
INTENTO DE MODIFICACIONES LEGISLATIVAS SIN ANÁLISIS TÉCNICO NI ECONÓMICO EN EL SECTOR ELECTRICIDAD

Jaloneo de grupos de interés en el Proyecto del Congresista de Fuerza Popular Juan Carlo Yuyes Meza

Escrito por: César Gutiérrez

La prédica sin pausa, sobre la producción de electricidad en base a recursos energéticos renovables no convencionales (RER), ha llevado a la aprobación en tiempo record, dos meses aproximadamente, a la Comisión de Energía del Congreso de la República; del Proyecto de Ley (PL) Nº 1174/2016-CR, promovido por el congresista por la región Tumbes, perteneciente a la bancada de mayoría de Fuerza Popular, Juan Carlo Yuyes Meza.

21 DE FEBRERO DEL 2007
LA DEMANDA DE VEHICULOS A GAS NATURAL Y EL AUMENTO DE GRIFOS DE GNV HAN IMPULSADO EL CRECIMIENTO DE TALLERES DE CONVERSION.
FOTO: OSCAR ROCA/EL COMERCIO

Vale la pena recordar que el PL original, ingresado al área administrativa del Congreso el 06 de abril pasado, planteaba tres temas: dar prioridad a las construcción de centrales hidroeléctricas relacionadas con proyectos de irrigación en la costa; incrementar la participación de suministros de electricidad con RER de 5% actuales a 10% en 2021 y 20% en 2030 e incrementar el límite que define a hidroeléctricas RER de 20 a 50 MW.

Los tres temas tendrán gran trascendencia en la inversión en sector electricidad y no necesariamente para incrementarla. En orden de los temas presentados: pueden constituir una limitación más para la construcción de hidroeléctricas, que ya enfrentan falta de competitividad en el precio de venta de electricidad respecto a las termoeléctricas. Y en cuanto al incremento de participación de los suministros RER y de la capacidad de las hidroeléctricas RER; si no se cambia la normativa de suministro de potencia y energía de generador a distribuidor, implicarán incremento de precios al consumidor final.

El marco normativo y regulatorio del sector electricidad ha evolucionado positivamente desde hace 25 años, no exento de intensos ajetreos que han durado quinquenios y décadas. Se ha avanzado, el sistema no es perfecto y los grandes marcos rectores son: el Plan Energético Nacional (PEN) 2010-2040, promulgado en el año 2010 y el PEN 2014-2025, publicado el año 2014. Ambos son complementarios y vigentes; el primero tiene el concepto de grandes lineamientos y el segundo cuantifica los lineamientos y pone metas en el tiempo.
Trasgredir mediante una ley, sin análisis técnico ni económico, dos normas gestadas en el ente especializado que es el Ministerio de Energía y Minas, con aportes de entidades técnicas como Osinergmin; es simplemente no medir las consecuencias de la pretensión del grupo de interés de los suministros RER.

El PEN 2014-2025, que es el más actualizado, respecto a la participación de las energías renovables en general, en la matriz de demanda eléctrica, señala que la meta al 2025 es alcanzar el 60%. Precisa inmediatamente, que esto significa 55% de hidroeléctricas convencionales y RER y 5% de suministros RER que no provengan de hidroeléctricas. Las cantidades tienen que ver con el impacto tarifario en el consumidor final y la influencia del sector electricidad en los gases del efecto invernadero, teniendo en cuenta que en la matriz de demanda de energía, la electricidad solo representa el 20% del consumo, medido en unidades de energía y el 80% corresponde a hidrocarburos usados como combustible, dando prioridad al gas natural, disminuyendo la demanda de diesel e incrementando las gasolinas; lo cual está relacionado con que el Estado ya había apostado al Proyecto de Modernización de Refinería Talara, que a la época en que se elaboró el Plan, se estimaba en 3,500 MMU$ constructivos. Hoy que la cifra asciende a 5,400 MMUS$, con mayor razón tiene que considerarse este efecto.

Con lo expuesto, es más que obvio, que no se puede satisfacer expectativas de grupos de interés, variando las cifras con discrecionalidad, pues se afecta al conjunto del sector. Si quieren legislar, analicen el sector integralmente y no temas puntuales. Responsabilidad en las decisiones que redundarán en la inversión es imprescindible.