Archive for January, 2017
DESORDEN GUBERNAMENTAL IMPEDIRÁ SALIDA APROPIADA AL GASODUCTO

Escrito por: César Gutiérrez

Terminada la Concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP) el pasado día 23 de los corrientes, por incumplimiento del cierre financiero por parte del consorcio a cargo, hay un conjunto de tareas por desarrollar inmediatamente con la finalidad de continuar con el proyecto, que según el Ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, tendrá un impacto de 1% a la baja en la proyección del PBI del presente año.

Hay que tener en claro que según el contrato de concesión y la normativa legal, existe obligación por parte del estado, representado por el concedente, Ministerio de Energía y Minas, de poner los bienes de la concesión a la venta, lo cual se puede hacer hasta en tres convocatorias con un descuento del 15% cada vez que se convoque. Con ello el precio mínimo es 72.25% del valor contable de los bienes. En caso no se puedan vender en un plazo de un año, corresponderá pagar al estado. El monto que será un tema que devendrá inevitablemente en una discusión intensa, de hecho excederá los 1,000 millones de dólares.

En esas condiciones no le queda al estado sino plantear que el proyecto continúe luego de realizado un nuevo concurso, con el mismo trazo y los mismos ductos, pues son parte de la valorización del monto a devolver. Si se trabaja con conocimiento y firmeza en las decisiones, estimo que en el mejor de los casos la puesta en operación comercial ocurrirá dentro de cinco años y medio, es decir a mediados del 2022, dado el tiempo requerido para vender bienes existentes, elaborar bases, promover el proceso, otorgar buena pro, firmar contrato y realizar la construcción por parte del ganador. Es decir que no será este gobierno quien lo inaugure.

Las declaraciones de las autoridades gubernamentales que tienen injerencia en las decisiones son contradictorias; en cuanto al esquema, si debe incluirse nuevos ramales y si deberían participar en el nuevo concurso, dos de los integrantes del consorcio que acaba de perder la concesión: Graña y Montero y Enagas. No concuerdan la visión de PPK, con la del titular de la cartera de Economía y Finanzas y el de Energía y Minas. Hay una mezcla de temores mediáticos, predisposición a favor de las empresas y desconocimiento, que no hace presagiar nada bueno.

 
LIQUIDACION POR BIENES DEL GASODUCTO SUR PERUANO PUEDE SER UN NUEVO FOCO DE CONFLICTO POLITICO

Escrito por: César Gutiérrez

Graña y Montero muestra optimismo pero la batalla recién empieza

Ayer el Grupo Graña y Montero (GGYM) en aras de calmar las expectativas negativas que venían experimentando sus acciones en la Bolsa de Valores de Lima, con su consiguiente correlato en sus ADS (American Depositary Shares) en la Bolsa de Nueva York (NYSE); salió a manejarse mediáticamente mediante la comunicación de un “hecho de importancia” a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). El tema de fondo que ha querido transmitir es su optimismo sobre lo que el estado le pagaría al Consorcio Gasoducto Sur Peruano SA (CGSP), donde tienen una participación del 20%; por los bienes y avance de obras que según su entender, en el caso más pesimista, le permitiría cubrir el 95% de sus obligaciones contraídas al haber participado en el proyecto.

GRAÑA Y MONTERO VENÍAN EXPERIMENTANDO CAÍDA ESTREPITOSA DEL VALOR DE SUS ACCIONES.
GGYM tenía razones fundadas para preocuparse, sus acciones en la BVL habían caído a un mínimo de 2.95 soles/acción, que significaba una desvalorización bursátil del 48.5% respecto a la cotización que tenía al iniciar noviembre del año pasado. Mientras que en la NYSE, la caída en el período 01 de noviembre 2016 al 23 de enero del 2017 había llegado a 45%. La comunicación ha dado resultado y ha permitido repuntar en Lima, 20% y en Nueva York, 18%.

ESPERAN QUE EL ESTADO RECONOZCA 1,905 MMUS$ POR LO EJECUTADO.
La posición de GGYM está basada en que con el monto recaudado por la venta de bienes del Gasoducto Sur Peruano (GSP), pueda cubrir el 95% de la suma conformada por: 220 millones de dólares (MMUS$) que fue su aporte de capital; 129 MMUS$ de la garantía que proporcionó para el crédito puente que recibió el CGSP para realizar estudios, adquirir equipos y avanzar en obras y finalmente los 52.5 MMUS$ que aportó en carta fianza de fiel cumplimiento, que ha sido ejecutada por el estado peruano a través del Concedente, Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

La suma de los montos señalados arroja la cifra de 401.5 MMUS$, de los que esperan por lo menos cubrir la suma de US$ 381 MMUS$ (95% señalado). Esto significa que la expectativa que tienen es que el Estado le reconozca al CGSP la cantidad de 1,905 MMUS$ (GGYM tomaría el 20% de esta cifra), por lo ejecutado hasta la fecha de terminación del contrato (23.01.2017).

EL COBRO POR LO EJECUTADO ES LEGAL LO DISCUTIBLE SERÁ EL MONTO
La pertinencia del cobro está garantizada en el Contrato de Concesión (artículo 20.4.2) entre el MINEM y CGSP y reforzada por el DS-041-99-EM (artículo 45. Capítulo tercero. Título II). El gran tema en discusión es la valorización, donde el MINEM tendrá que seleccionar a una empresa que haga el trabajo. De hecho tendrá que ser una corporación internacional de primer orden y lejos de cualquier duda de favoritismo.

Es obvio que la discusión en el terreno político ya empezó, se alzan voces desde el Congreso reclamando que no debería hacerse pago alguno. En el terreno legal este discurso no tiene ningún asidero, sin embargo va mediatizar mucho el resultado de la valorización y más de una explicación se va pedir al Poder Ejecutivo. El plazo para el pago es de un año, contra más demore se encontrará con un gobierno más debilitado dada la impericia de esta gestión que ya es un mal endémico.

SERÁ MUY DIFÍCIL SOSTENER QUE GRAÑA Y MONTERO CONTINUE EN EL PROYECTO
El otro tema que va atentar contra GGYM es el hecho que la vocación de PPK es que conjuntamente con Enagas continúen con el proyecto, por supuesto teniendo a Odebrecht Latinvest Perú SA fuera del consorcio. Aquí, la discusión llega a mayores por dos razones: el incumplimiento del cierre financiero que ha motivado la terminación del contrato ha sido del Consorcio, donde las responsabilidades son solidarias y no individuales. Sería un contrasentido defender un continuismo, es más, también lo es permitir la participación de GGYM y Enagas en un nuevo Consorcio que aspire reactivar el contrato terminado o un nuevo esquema. Una segunda razón será la implicancia de la participación de GGYM en las IIRSA Sur y Norte, donde ya hay señalamientos de actos de corrupción reseñados y cuantificados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

La suspicacia del conocimiento de los hechos ilegales por parte de la empresa peruana es legítima, a pesar de los esfuerzos contraproducentes del Gerente General de la empresa de intentar hacernos creer que no sabían nada. En esas condiciones y con la manifestación de las autoridades judiciales que GGYM será investigada, sería un suicidio político para el gobierno pretender que continúen con la obra o que participen como postores en otro concurso sobre el proyecto.

El buen repunte bursátil puede ser efímero, todo dependerá como discurren los hechos tanto en el tema de la valorización de lo ejecutado en el Gasoducto Sur Peruano y en las investigaciones del caso Lava Jato, que por el momento está centrado en la Línea 1 del Metro de Lima, pero que muy pronto se extenderá a las IIRSA, donde hay mucho tema sensible.

 
CONGRESO ESTÁ SIENDO UTILIZADO EN CASO DOE RUN

Escrito por: César Gutiérrez

Tanto en campaña electoral, como presidente electo y en ejercicio, PPK predicó supremo interés en el caso de Doe Run Perú SRL (DRP), tanto así que la segunda propuesta legislativa del Ejecutivo ingresada al Congreso, estuvo relacionada con el tema. En tiempo record consiguió que antes de cumplir el mes de mandato se votase sin contar con voto en contra alguno, la Ley 30502, llamada “Ley que autoriza la prórroga extraordinaria de los procesos concursales que se encuentran en etapa de disolución y liquidación en marcha”, que ha permitido que se de una nueva oportunidad de venta por remate a la empresa DRP.

Era evidente que la decisión de apoyar la ley de parte de los congresistas de todas las bancadas, estaba motivada porque había varios puntos de interés político: los trabajadores de la empresa; la población de La Oroya; la necesidad de remediación ambiental y tener una unidad productiva en el Complejo Metalúrgico de la Oroya (CMLO), que no solo generase trabajo sino también valor agregado a las exportaciones mineras. Es decir una posibilidad de una operación productiva.

Debería llamar a sorpresa de los legisladores que ninguna de las expectativas citadas se van a cumplir si se sigue la convocatoria a remate que está conduciendo el Ministerio de Energía y Minas, en representación del estado y como acreedor principal de DRP.

Se han aprobado bases y contrato para la convocatoria a remate en tres actos, aprobada por la mayoría de los acreedores, incluidos los trabajadores; pero ello responde a la necesidad de cobrar perentoriamente acreencias que tienen una antigüedad de ocho años. Sin embargo ello no significa que se estén haciendo las cosas correctamente. Queda pendiente aún que se defina el monto base del remate, que se pretende que alcance la suma de 211 millones de dólares, aunque previamente tendrán que levantar la impugnación presentada por el acreedor Doe Run Cayman Ltda, la cual procesalmente no puede soslayarse.

Resulta indispensable que el Congreso cite a la Presidenta de la Junta de Acreedores para explique el beneficio para el estado de esta forma de vender los activos de la empresa; donde no se identifica propuesta alguna para la remediación ambiental de La Oroya y la nueva operación del CMLO.