Category: Miguel E. Santillana
NEGOCIACION INEVITABLE

Escrito por: Miguel Santillana

Para cumplir con una promesa electoral, la bancada oficialista operó para que se apruebe la Ley de Consulta Previa en la primera semana de trabajo del nuevo Congreso.

Su voluntad chocó en primera instancia con sus aliados, Perú Posible, que hizo que la reunión se postergara algunos días.

La aprobación se dio por unanimidad. Nadie quería aparecer como el malo de la película que les negara a los pueblos originarios un derecho reconocido por el Estado peruano desde 1994. Resulta que en ese año la administración Fujimori firmó el Convenio 169 de la OIT (documento original data de 1989), y de acuerdo a la Constitución de 1979 o la de 1993, la adhesión del país a Convenios Internacionales, hace que ellos sean parte del cuerpo de leyes que rigen en el país.

Lo que busca el Convenio es que los pueblos indígenas y/o grupos étnicos minoritarios dentro de los países tengan participación activa en la vida política nacional. El Convenio rescata el espíritu de un convenio dado en 1957 para proteger a las minorías en las nuevas repúblicas independientes, post proceso de descolonización; pues se tenía evidencia que dentro de un mismo territorio se habían aglomerado a diversos grupos étnicos con distintos grado de acceso a la burocracia, al aparato estatal, al ejercicio del poder político; lo que generaba tensiones sociales. El caso más patético de cómo estas tensiones sociales terminan en violencia se dio el año 1994 en Rwanda y Burundi, cuando se enfrentaron hutus y tutsis, dejando alrededor de un millón de muertos a vista y paciencia de la comunidad internacional. Es por ello que se les debe consultar “toda medida legislativa o administrativa que pueda afectarlos”. 

La aprobación por unanimidad de la Ley de Consulta en el Perú, en realidad no debe sorprendernos pues lo que se ha aprobado es una ley que re frasea el contenido del Convenio 169. Hubo congresistas oficialistas que quisieron agregarle conceptos que no están contenidos en el Convenio como “el derecho a veto” y “hacer vinculante la decisión de los pueblos originarios si se oponen al proyecto”. La misma OIT ha publicado aclaraciones al contenido del Convenio, o a dado respuesta oficial a las consultas de la propia Defensoría del Pueblo, diciendo que en ningún momento se reconoce un poder de veto pues los estados son soberanos para decidir su política de desarrollo. Por otro lado, se tiene conocimiento que una oportuna llamada telefónica desde Palacio puso en vereda a la bancada.

Un gran problema que tendrá que enfrentar este gobierno es una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que “la no existencia del reglamento no es excusa para que no se cumpla la ley”. La administración García se vio obligada a sacar un reglamento de consulta previa para hidrocarburos y otro para minería en febrero pasado, algo insuficiente para los activistas. El problema es que los diversos gremios indígenas u organizaciones anti industrias extractivas como CONACAMI podría interponer acciones legales contra inversiones realizadas post firma del Convenio por parte del Perú (1994), pues se habría incumplido con el proceso de consulta. Tremendo dolor de cabeza para una administración que necesita de la renta generada por las industrias extractivas para poder cumplir con sus promesas electorales.

En los próximos 90 días debe salir el reglamento de la ley. Ahí se debe explicitar quién o quiénes son reconocidos por el Estado como partícipes del Convenio (¿serán incluidas las comunidades campesinas de la costa y sierra?, el viceministerio de interculturalidad tendrá un poder discrecional importantísimo), qué se les consulta, cómo se manifiesta su voluntad (¿elección con padrón electoral y supervisión de la ONPE o se reconoce sus formas tradicionales de toma de decisiones?), etc., lo que abre campo a la controversia inevitable.

Sin embargo, a pesar que se afine un reglamento que contente a todos, la forma en que operan las industrias extractivas en el Perú cambiará profundamente. Si bien el Estado mantiene la herramienta legal de su lado, no hay derecho a veto y tienen la última palabra respecto a una inversión en un territorio determinado; la población tiene la fuerza de las masas. Esas masas que han encumbrado a Ollanta Humala como Presidente pues pensaban que defendía sus intereses.

Lo que veremos en el futuro es que los pueblos indígenas y/o comunidades campesinas querrán participar del negocio que se realiza en sus territorios. Recordemos que el Estado otorga concesiones a los inversionistas. Dichas concesiones dan permiso para explorar/explotar recursos naturales en un territorio siempre y cuando se pongan de acuerdo con el dueño del terreno superficial. El dueño puede ser una persona natural o una persona jurídica (comunidad campesina). La experiencia de compra de tierras y desplazamiento, no ha sido satisfactoria pues nunca se les preparó para enfrentar a la ciudad.

Muchos analistas han pedido que adecuemos nuestro sistema legal a la tradición anglo-sajona que contempla que quien es dueño del suelo también lo es del sub suelo. Una buena intensión que genera toda una serie de cambios en nuestra estructura jurídica, que tomarían décadas.

La solución es utilizar el marco legal que tenemos. Lo que se puede plantear es una asociación en participación, figura que contempla nuestra actual Ley General de Sociedades. Vale decir, la empresa se asocia con la comunidad para ese proyecto específico. Unos ponen los terrenos superficiales y otros la tecnología, el conocimiento de los mercados, el capital, la maquinaria, etc. Esta sociedad debe tener bien claro que la participación no implica puestos gerenciales y/o puestos de trabajo asegurados o cuotas. La participación permite asientos en el directorio y a estados financieros auditados. Otra modalidad es acordar de antemano cuál es el porcentaje de participación de la comunidad en el reparto de utilidades sin que esto signifique asientos en el directorio, como es el caso de Minera IRL en su proyecto en Ollachea-Puno.

Algunos empresarios mineros me han manifestado su temor a esta iniciativa pues piensan que es volver a la comunidad industrial de la época de Velasco. Respondo a sus miedos diciendo que esta asociación no será imposición de ningún gobierno sino un arreglo de voluntades en vista del desarrollo de los eventos en el país. Los empresarios deben acomodarse a los tiempos, ser flexibles les asegura sobrevivir en un mundo competitivo.

Ver a las comunidades como socios tiene muchas implicancias en diversas áreas de la empresa, obliga a repensar la cultura organizacional, cómo se establece la comunicación corporativa, etc. pero todo esto vale la pena en función que el Perú encuentre la paz social necesaria para que se exploten sus recursos naturales y se distribuyan sus beneficios

 
ESTATUTO MUNDIAL DE LOS RRNN

Escrito por: Miguel E. Santillana

El Premio Nobel de Economía 2001, Michael Spence (New York University) dirige el grupo técnico del Estatuto que viene siendo redactado por un grupo plural de expertos bajo la coordinación de Paul Collier (Oxford University).

“Esta es una iniciativa global creada para asistir a los gobiernos y las sociedades a aprovechar con eficacia las oportunidades que brindan los RRNN”. “Tiene el potencial de ser una Convención Internacional que se irá desarrollando a través de un proceso de participación guiado por la investigación académica”. Es por ello que debemos estar muy atentos que esta agenda no sea cooptada por los ambientalistas extremos o por los post extractivistas, opositores ideológicos y materiales de que explotemos nuestros RRNN de una manera técnica y que utilicemos la renta generada para invertirla en las necesidades básicas de la población y en la educación, que abra posibilidades a futuras generaciones de diversificar nuestra oferta exportable.

Precepto 1: El desarrollo de los RRNN de un país debe diseñarse para garantizar el máximo beneficio social y económico para sus habitantes. Esto exige un enfoque integral en el que se aborde y comprenda cada etapa en la cadena de toma de decisiones.

Precepto 2: Para que la administración de RRNN tenga éxito se requiere que el gobierno rinda cuentas a un público informado.

Precepto 3: Las políticas fiscales y los términos contractuales deben garantizar que el país obtenga el beneficio total de los recursos, siempre y cuando se atraigan las inversiones necesarias para poder materializar dicho beneficio. La naturaleza a largo plazo de la extracción de RRNN necesita de políticas y contratos que sean sólidos frente a circunstancias inciertas y cambiantes.

Precepto 4: Las licitaciones para la adjudicación de contratos y derechos de explotación pueden ser un mecanismo eficiente para garantizar el valor y la integridad.

Precepto 5: Los proyectos para la explotación de RRNN pueden tener efectos económicos, ambientales y sociales relevantes, tanto positivos como negativos, a nivel local. Dichos efectos deben ser identificados, explorados, informados, mitigados o compensados en todas las etapas del ciclo del proyecto. La decisión de extraer se debe considerar con el máximo cuidado.

Precepto 6: Las compañías de RRNN de propiedad estatal deben operar con transparencia y tener como objetivo su viabilidad comercial en un entorno competitivo.

Precepto 7: Los ingresos procedentes de los RRNN deben utilizarse principalmente para fomentar el crecimiento económico sostenido e inclusivo, permitiendo y manteniendo altos niveles de inversión en el país.

Precepto 8: El uso eficaz de los ingresos procedentes de los RRNN requiere que la inversión y el gasto locales se intensifiquen lentamente y se nivelen para tener en cuenta la volatilidad de los ingresos.

Precepto 9: Los gobiernos deben usar los RRNN como una oportunidad de incrementar la eficiencia y la equidad del gasto público, al igual que para permitir que el sector privado responda a los cambios estructurales de la economía.

Precepto 10: Los gobiernos deben facilitar las inversiones del sector privado a nivel nacional y local, con el propósito de diversificar, así como de explotar las oportunidades de valor agregado  nacional.
Precepto 11: Los gobiernos de los países donde las empresas extractivas tienen su sede central y los centros de capitales internacionales deben exigir y hacer cumplir las mejores prácticas.
Precepto12: Todas las compañías de extracción deben seguir las mejores prácticas en la contratación, las operaciones y los pagos

 
DDHH E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

Escrito por: Miguel E. Santillana

La última edición de la Revista Aportes DPLF (setiembre 2011), publicación de la Fundación para el Debido Proceso, (fundada en  1996 por el profesor Thomas Buergenthal, actualmente juez de la Corte Internacional de Justicia), se dedica enteramente a la compleja relación de empresas y DDHH.

El primero de los 15 artículos publicados es de Keith Slack, Gerente de Programas de Oxfam América que da un panorama general sobre la relación empresas y DDHH. Reconoce que la explotación de recursos naturales (RN) tiene un rol más importante en países con tradición minera y petrolera pero estas actividades ahora se dan en países que en el pasado no contaban con un sector significativo de extracción de RN como Argentina, Guatemala, Honduras y El Salvador. Las inversiones en industrias extractivas en la región serían de unos US$ 200,000 millones en la próxima década.

A medida que aumenta la inversión en RN, se observa que han aumentado las violaciones de DDHH en las comunidades donde se desarrollan. “Estos abusos incluyen desde la decisión de no consultar adecuadamente a las poblaciones afectadas (cumplir con el Convenio 169 de la OIT) hasta prácticas como torturas y ejecuciones extrajudiciales. A su vez, los abusos han dado lugar a protestas sociales y actos de resistencia generalizados, que en algunos casos se han expresado en forma violenta y destructiva”.

La raíz de este problema, según el autor, responde a:
1) el deficiente control de las industrias extractivas por parte de los gobiernos nacionales y
2) la limitada o nula justicia por las violaciones de DDHH relacionadas con estas operaciones.
Por lo remoto de las áreas en que se realizan las actividades, el Estado no puede garantizar que las empresas respeten las normas básicas de DDHH. Nadie controlaría lo que hacen fuerzas públicas o privadas que protegen las instalaciones. El autor da como ejemplos el “Baguazo” (2009) y la represión a manifestantes del Proyecto Río Blanco (2005). En el caso Bagua menciona que hubo 34 muertos pero NO menciona que 24 de ellos fueron policías asesinados a sangre fría. En el caso Río Blanco para nada se menciona la quema del campamento y el asesinato de los guardianes y empleados de la empresa. Como siempre la visión sesgada de los DDHH.

Como alternativas de solución al problema, el autor plantea:

a) Fortalecer la capacidad de los gobiernos. Las instituciones de DDHH de los gobiernos deben recibir capacitación especializada en temas de DDHH relacionados con recursos naturales y establecer unidades específicas encargadas de supervisar los proyectos extractivos e intervenir cuando existan problemas de DDHH. Por otro lado, se debe establecer sanciones penales y civiles a las empresas que violen los DDHH.

b)  Respetar el derecho al consentimiento “libre, previo e informado” (CLPI) que goza de un reconocimiento cada vez más amplio en el derecho internacional. Vale decir, el derecho de veto que tendría una comunidad frente a una inversión, un disparate total. 

c) Ampliar y profundizar el diálogo sobre estándares de DDHH en los sectores extractivos. Al momento existen la propuesta principios rectores sobre “protección, respeto y reparación”, elaborados por John Ruggie, Representante Especial del Secretario General de la ONU en temas de DDHH y empresas transnacionales y “Los Principios Voluntarios de Seguridad y DDHH”, una iniciativa multisectorial que las empresas extractivas se comprometen a respetar.

Si bien todo Estado debe hacer cumplir los DDHH, ya sabemos cuál será el nuevo negocio de las ONG de DDHH